
El Ayuntamiento de Orihuela somete a exposición pública el proyecto de Zona de Bajas Emisiones durante 30 días
El Ayuntamiento de Orihuela, a través de la Concejalía de Urbanismo que dirige Matías Ruiz, ha sometido a información pública el proyecto de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) del municipio, abriendo un plazo de 30 días para que ciudadanos, asociaciones, colectivos y entidades interesadas puedan consultar la documentación y presentar las alegaciones que consideren oportunas.
La apertura de este periodo se produce tras la resolución dictada el pasado 14 de octubre por el concejal de Urbanismo, Matías Ruiz, mediante la que se dispone la exposición pública del proyecto elaborado por la empresa Tema Ingeniería, S.L., de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre, por el que se regulan las zonas de bajas emisiones.
El concejal de Urbanismo, Matías Ruiz, ha explicado que “con este trámite damos un paso importante en la elaboración de un proyecto que debe responder a las características de Orihuela y a las necesidades de sus vecinos. Hemos trabajado sobre una propuesta técnica que diferencia las distintas realidades de nuestro municipio y ahora abrimos el periodo de exposición pública para que pueda ser conocida, estudiada y mejorada con las aportaciones que se presenten”.
El documento plantea un modelo de movilidad destinado a mejorar la calidad del aire, reducir las emisiones contaminantes y el ruido asociado al tráfico, así como favorecer la recuperación del espacio público y la movilidad peatonal. Para ello, establece tres ámbitos de actuación diferenciados: el casco histórico de Orihuela, el núcleo urbano ampliado y Orihuela Costa.
Esta diferenciación responde a las particularidades territoriales del municipio, que cuenta con un centro histórico de gran valor patrimonial, una ciudad con una importante actividad residencial, administrativa y comercial, y un litoral caracterizado por la dispersión de sus urbanizaciones y el incremento de población y desplazamientos durante los periodos vacacionales.
En el caso del casco histórico, la propuesta contempla una regulación específica de los accesos y la circulación, teniendo en cuenta su condición de Bien de Interés Cultural, las características de sus calles y la necesidad de preservar el patrimonio y mejorar las condiciones de movilidad peatonal.
El proyecto prevé que puedan mantenerse los accesos necesarios para residentes, propietarios y usuarios de garajes, establecimientos comerciales, servicios esenciales, emergencias y otros supuestos debidamente autorizados. Las condiciones concretas deberán quedar recogidas en la correspondiente ordenanza municipal.
Por su parte, en el núcleo urbano de Orihuela se propone una implantación progresiva de las medidas, atendiendo a la clasificación ambiental de los vehículos y a la condición de empadronamiento de sus titulares.
El modelo contempla una fase inicial de adaptación, información y puesta a punto de los sistemas, sin restricciones de circulación ni sanciones. Este periodo, denominado fase 0, tendría una duración de seis meses desde la fecha que se determine para su inicio efectivo.
Posteriormente, en la fase 1, las limitaciones afectarían inicialmente a los vehículos sin distintivo ambiental cuyos titulares no estén empadronados en el municipio. De esta manera, los titulares empadronados en Orihuela podrían seguir accediendo con sus vehículos, con independencia de su clasificación ambiental, sin perjuicio de la regulación específica del casco histórico.
La propuesta también contempla la posibilidad de introducir nuevas medidas en una fase posterior, siempre condicionadas a la evaluación de los resultados, la justificación de su necesidad y la correspondiente tramitación administrativa.
En esta fase 2, los vehículos cuyos titulares no estén empadronados en Orihuela tendrían restringido el acceso si carecen de distintivo ambiental o disponen de etiqueta B, mientras que los titulares empadronados quedarían sujetos a restricciones cuando sus vehículos no dispongan de distintivo ambiental, salvo las excepciones que se establezcan.
No obstante, el proyecto establece que esta fase no se aplicaría automáticamente, sino que dependería de los resultados de la revisión correspondiente. Además, contempla un periodo transitorio de un año de avisos informativos, sin sanciones por los nuevos supuestos afectados por la ampliación de las restricciones.
En Orihuela Costa, el proyecto plantea una solución diferente, adaptada a las características del litoral. En lugar de establecer inicialmente un perímetro general de restricción de circulación, propone actuar sobre la regulación del estacionamiento en determinadas zonas de primera línea de playa y calles próximas a los principales accesos al litoral, especialmente durante los periodos de mayor afluencia.
Esta regulación contempla medidas sobre el estacionamiento de los vehículos más contaminantes, especialmente aquellos sin distintivo ambiental y con etiqueta B, con las excepciones justificadas que correspondan. La propuesta mantiene, por tanto, un planteamiento de libre circulación general en el litoral, centrando las actuaciones en la ordenación del aparcamiento durante los periodos de mayor demanda.
El objetivo es mejorar la movilidad en temporada alta, reducir la congestión provocada por la búsqueda de aparcamiento y favorecer una utilización más ordenada del espacio público, teniendo en cuenta las necesidades de residentes, visitantes, personas con movilidad reducida y servicios.
Matías Ruiz ha señalado que “Orihuela no puede abordarse como si fuera una ciudad con una única realidad urbana. Tenemos un casco histórico con unas características muy concretas, un núcleo urbano donde se concentra buena parte de la actividad diaria y una costa cuya movilidad cambia considerablemente durante el verano. Por eso, el proyecto plantea soluciones distintas para cada ámbito, evitando aplicar las mismas medidas de manera indiscriminada”.
Asimismo, el documento recoge diferentes supuestos de autorización y excepciones para garantizar los desplazamientos necesarios, especialmente los relacionados con personas con movilidad reducida, atención sanitaria, servicios públicos, actividades económicas, abastecimiento, carga y descarga y situaciones debidamente justificadas.
Entre las excepciones previstas también figuran determinadas autorizaciones para personas mayores, personas con necesidades asistenciales y ciudadanos en situación de vulnerabilidad económica que necesiten utilizar su vehículo para desplazamientos esenciales, siempre bajo las condiciones que se determinen en la correspondiente regulación municipal.
La propuesta incorpora también sistemas de señalización, control y seguimiento, así como instrumentos para evaluar la evolución de la calidad del aire, el ruido y la movilidad. Entre las actuaciones previstas se encuentran la instalación progresiva de cámaras de lectura de matrículas, paneles informativos y dispositivos de medición ambiental.
Estas herramientas permitirán analizar los resultados de las medidas que finalmente se aprueben y realizar las modificaciones que resulten necesarias para adaptar su funcionamiento a la realidad del municipio.
El edil de Urbanismo ha insistido en que “estamos ante un proyecto que se encuentra en fase de información pública y, por tanto, no supone la entrada en vigor inmediata de restricciones. Todavía queda tramitación administrativa por delante, incluida la regulación municipal que deberá concretar las condiciones de aplicación. Queremos que todo ese proceso se desarrolle con información, transparencia y teniendo en cuenta las necesidades de los ciudadanos”.
En este sentido, Ruiz ha destacado la importancia del periodo de exposición pública, que permitirá examinar el contenido de la propuesta y formular observaciones sobre las delimitaciones previstas, los criterios de acceso, las excepciones y las medidas de movilidad contempladas. “Es importante escuchar a los vecinos, a los comerciantes, a los profesionales y a todas las personas que puedan verse afectadas. Las alegaciones forman parte del procedimiento y nos permitirán estudiar las distintas propuestas antes de continuar con la tramitación. Nuestro objetivo es contar con una regulación proporcionada, que cumpla la normativa y que pueda aplicarse de forma razonable en Orihuela”, ha añadido.
El proyecto también presta especial atención a la actividad económica y comercial, con el propósito de compatibilizar las mejoras ambientales con el funcionamiento de los establecimientos, los servicios y las actividades profesionales. Para ello, contempla mecanismos de autorización y excepciones que deberán desarrollarse en la futura ordenanza municipal.
Igualmente, se prevé un sistema de evaluación y seguimiento de las medidas implantadas, con una primera revisión a los tres años desde el establecimiento formal de la Zona de Bajas Emisiones y revisiones posteriores, al menos, cada cuatro años. Estas evaluaciones permitirán analizar su funcionamiento, los efectos sobre el tráfico, la actividad económica y la calidad ambiental, así como introducir las modificaciones que resulten justificadas.
Durante los 30 días de información pública, las personas interesadas podrán consultar el proyecto completo a través del tablón de anuncios y del portal de transparencia de la sede electrónica del Ayuntamiento de Orihuela, en https://orihuela.sedelectronica.es/, así como formular las alegaciones que estimen oportunas por los cauces administrativos establecidos.
Una vez concluido este periodo, se estudiarán las alegaciones presentadas y se continuará con los trámites necesarios para la aprobación del proyecto y el desarrollo de la correspondiente normativa municipal, que deberá concretar las condiciones de funcionamiento, los procedimientos de autorización y el calendario de implantación.
El concejal de Urbanismo ha concluido señalando que “lo importante es avanzar con rigor, cumpliendo los procedimientos y procurando que las medidas que finalmente se adopten sean compatibles con el funcionamiento diario de nuestra ciudad, la actividad económica y las necesidades reales de los oriolanos”.

