El Ayuntamiento de Orihuela inicia acciones judiciales para reclamar la devolución del Libro de Repartimientos

El Ayuntamiento de Orihuela ha aprobado la contratación de un servicio jurídico especializado para el ejercicio de acciones judiciales frente a la Generalitat de Cataluña con el objetivo de reclamar la devolución del Libro de Repartimientos de Orihuela, una de las piezas documentales más relevantes de la historia del municipio, actualmente custodiado por la Biblioteca de Cataluña.

Entre los años 1907 y 1908, el manuscrito fue robado del archivo Municipal de Orihuela, siendo su paradero desconocido hasta que, entre los años 1920 a 1933, fue adquirido, sin duda a sabiendas de su origen ilícito, por la Diputación de Barcelona que lo depositó en la “Biblioteca de l`Institut d`Estudis Catalans de Barcelona, hoy Biblioteca de Catalunya.

La fuente de adquisición, reflejada en su actual ficha catálogo, correspondería a una compra al librero Salvador Babra. Probablemente proveniente de la biblioteca de la familia Sánchez Muñoz; al lomo etiqueta antigua en papel con la signatura: Lº 2º / Nº 153.

La decisión de contratar al servicio jurídico responde a la necesidad de defender los intereses patrimoniales e históricos de la ciudad, tras décadas de reclamaciones administrativas infructuosas. El Libro de Repartimientos, redactado en el año 1310, constituye un documento clave para comprender la configuración territorial y social de Orihuela tras la Reconquista, y fue sustraído a comienzos del siglo XX, acabando en la Biblioteca Nacional de Cataluña.

El expediente aprobado recoge que, pese a los numerosos requerimientos formulados por el Ayuntamiento a la Generalitat de Cataluña para su restitución, estos han sido sistemáticamente rechazados, lo que ha motivado el inicio de la vía judicial como única alternativa viable para la recuperación de este bien patrimonial.

El servicio jurídico será prestado por el letrado Jorge F. Español Fumanal, abogado con experiencia en el ejercicio de acciones judiciales complejas y en procedimientos civiles de alta especialización, especialmente en asuntos relacionados con la defensa de intereses institucionales y patrimoniales.

El alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, ha señalado que “la recuperación del Libro de Repartimientos es una cuestión de justicia histórica y de defensa del patrimonio de todos los oriolanos”, y ha reiterado el compromiso del equipo de gobierno con la protección y puesta en valor de los bienes que forman parte de la identidad de la ciudad.

El Libro de Repartimientos es un códice de extraordinario valor histórico, documental e identitario, que durante siglos formó parte del Archivo Municipal y que fue sustraído del mismo entre los años 1907 y 1908, sin que hasta la fecha haya sido restituido a la ciudad. Constituye una pieza clave en la historia de Orihuela y de su entorno, al recoger el reparto de tierras tras la conquista cristiana, entre los años 1265 y 1314.

La decisión de acudir a la vía judicial responde a la falta de avances efectivos tras décadas de gestiones institucionales. Desde principios del siglo XX, el Ayuntamiento de Orihuela ha impulsado numerosas iniciativas para lograr la devolución del manuscrito, incluyendo solicitudes formales, acuerdos plenarios y contactos con distintas administraciones públicas, sin que estas actuaciones hayan dado el resultado esperado.

En este sentido, el pleno municipal aprobó en mayo de 2021 una Declaración Institucional en defensa de la recuperación del Libro de Repartimientos, a la que siguió un requerimiento formal dirigido a la Generalitat de Cataluña en agosto de ese mismo año. Asimismo, el Consell Valencià de Cultura emitió un informe favorable que respalda la restitución del códice a Orihuela, subrayando su valor patrimonial y su vinculación directa con la historia y la identidad de la ciudad.

Los informes técnicos y jurídicos recabados ponen de manifiesto la complejidad del caso y la necesidad de abordar la reclamación por la vía judicial, una vez agotadas otras alternativas. En este contexto, el Ayuntamiento ha considerado imprescindible contar con asesoramiento jurídico especializado en patrimonio histórico y documental.