La Junta de Gobierno aprueba la adhesión de Orihuela en el programa de ayudas autonómico para el desarrollo rural
El portavoz del Equipo de Gobierno, Francisco Sáez, dio cuenta este martes de los acuerdos alcanzados en Junta de Gobierno Local entre los que destacó la aprobación de ayudas de emergencia social para un total de 20 beneficiarios por un importe de 6.126 euros, así como seis expedientes correspondientes a licencias de obras desde el área de Urbanismo.
Asimismo, se dio luz verde al pago del derecho de asistencia jurídica a un trabajador municipal, y a la adhesión del Ayuntamiento a la Agrupación Rural del Sur de Alicante, con la finalidad “de entrar en un programa de ayudas a nivel autonómico hasta el año 2020, teniendo como representante al concejal de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Valverde, ya que es una línea de financiación importante para Orihuela”, explicó Sáez.
Otras cuestiones que pasaron por Junta de Gobierno fueron los encargos a la empresa municipal Ildo para la limpieza y mantenimiento en El Palmeral, en las dependencias de Residuo Sólidos Urbanos en el polígono Puentealto, así como en los sotos del río, mientras que por otra parte, en el área de contratación se aprobó el servicio de prevención ajena del Ayuntamiento a Fraternidad por un importe de 44.138 euros anuales, por dos años, con posibilidad de prórroga. De esta manera, también se ha adjudicado la contratación de la iluminación extraordinaria de fiestas a Iluminaciones Granja por 293.137 euros anuales.
En otro orden de cosas, se ha procedido a la transferencia del segundo trimestre a la sociedad municipal Orihuela Cultural, por la cuantía de 225.000 euros, para gastos de personal
Además, se dio luz verde al inicio del expediente de la tercera edición del concurso de fotografía “Ciudad de Orihuela”, con una dotación de 1.000 euros, mientras que también se ha procedido al inicio del expediente del pliego de podas de palmeras por 79.860 euros.
Sentencias
Sáez destacó también diversas sentencias a favor de proveedores que reclamaban el pago de facturas de años correspondientes a 2011, 2012 y 2014, de manera que ahora el Ayuntamiento tiene que pagar 22.000 euros de principal, 17.500 euros de intereses, y 3.326 euros. El portavoz manifestó que “esto es lo que no se debería haber hecho, dejar que los procesos lleguen a este punto afectando a todos los oriolanos, se debería haber evitado en su momento”, al tiempo que indicó que “ahora nos toca asumirlo y cumplir la sentencia”.
